El tejido empresarial español, particularmente las pequeñas y medianas empresas, se verá afectado este 2025 por una actualización normativa que marca un hito en la gestión de riesgos laborales invisibles: la medición obligatoria de concentraciones de gas radón en los centros de trabajo ubicados en municipios considerados de actuación prioritaria. Se trata de una medida impulsada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y que afecta a casi 1.700 municipios del país y añade una nueva dimensión a la seguridad en el entorno laboral.
El radón, un gas radioactivo de origen natural, incoloro e inodoro. Su amenaza no reside en su generación, sino en su capacidad para infiltrarse en los edificios y acumularse a niveles peligrosos para la salud. La OMS lo identifica como la segunda causa de cáncer de pulmón en el mundo -la primera entre personas no fumadoras-, y en España se le atribuyen más de 1.500 muertes anuales.
La magnitud del reto es considerable. El mapa aprobado por el CSN delimita de manera oficial los municipios en los que las mediciones ya no serán una recomendación, sino una obligación legal. Galicia lidera el listado con el 91% de sus concellos afectados (285 de 313), seguida por Extremadura, con el 70% (275 de 388), y la Comunidad de Madrid, con el 48% (86 de 179). En total, estas tres regiones agrupan más de un tercio de los municipios afectados por esta medida. En contraste, comunidades como la Comunidad Valenciana, Murcia, La Rioja o el País Vasco no presentan, de momento, zonas de prioridad obligatoria, aunque su territorio no está exento de presencia de radón. Las implicaciones para las empresas son sustanciales. La norma obliga a realizar mediciones durante un mínimo de tres meses, preferentemente entre octubre y mayo, o durante todo el año si el centro no presenta cierres vacacionales.
Instalar barreras impermeables como solución
Para las pymes, muchas de las cuales carecen de departamentos técnicos propios, este nuevo escenario exige no solo la contratación de servicios de medición acreditados, sino también la eventual incorporación de soluciones constructivas como barreras impermeables, si se superan los 300 becquerelios por metro cúbico promedio de un año, el umbral de referencia fijado por el CSN. Este avance normativo sitúa al gas radón en la agenda inmediata de prevención de riesgos laborales, a la par que impone una reflexión estructural sobre cómo concebimos y rehabilitamos los espacios donde trabajamos. El riesgo puede ser invisible, pero sus consecuencias -para la salud, la productividad y la legalidad- son cada vez más tangibles. Para el tejido empresarial, especialmente el más vulnerable, esta obligación no es solo una carga más, es una oportunidad para anticiparse a un desafío sanitario de primer orden.
Fuente: Esther Zamora Torralba/El Economista
