El Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros el Código de Buenas Prácticas para gestionar los 125.000 millones en créditos con avales del ICO. El Estado se juega casi 96.000 millones, por lo que establecerá normas que los bancos deberán aplicar a los clientes con dificultades para devolver el dinero. La más relevante es la que establece el importe de las posibles quitas, que se aplicarán según la caída de la facturación, a partir del 30% anual y ha generado tensiones entre el sector y el Gobierno.
Otra de las novedades será que se podrán prolongar hasta 12 años los créditos (frente al tope de ocho años actual), así como las moratorias (cuando solo se pagan los intereses), que podrán superar el límite establecido e ir más allá de dos años, según ha podido saber EL PAÍS. Los bancos tendrán la última palabra.
Han pasado casi 14 meses del inicio del estado de alarma que encerró a los ciudadanos y congeló la economía. Ahora toca empezar a hacer recuento de daños, es decir, a ordenar la situación de la gran inyección de liquidez y de créditos que se distribuyeron para paliar la crisis.
Hasta el 30 de abril de 2021, las diferentes Líneas de Avales Liquidez e Inversión del Instituto de Crédito Oficial (ICO) han garantizado con 95.570 millones créditos por un total de 125.729 millones. Esto supone que el Estado ha cubierto el 76% de media y el resto lo han hecho los bancos. El objetivo de estas medidas era ayudar a las empresas solventes que tenían dificultades por el cierre de las actividades por la pandemia. Para las que no tienen perspectivas de futuro tras la crisis, los bancos deberían organizar la liquidación de sus deudas.
El Consejo de Ministros presentará un acuerdo que dará luz al Código de Buenas Prácticas para regular los créditos avalados. Esta normativa está enmarcada en el fondo (uno de los tres de ayudas, que suman 11.000 millones) dotado con 3.000 millones. Su finalidad es flexibilizar y reestructurar los préstamos por tres vías: alargar los plazos de pago, convertir los créditos con aval público en préstamos participativos —algo que refuerza el capital de la empresa— y, como medida de último recurso, aplicar quitas.
El que no cumpla el código, deberá decirlo
Todo este proceso estará pautado en un código de buenas prácticas. No es de obligado cumplimiento, pero los que no se acojan a sus medidas deberán declararlo expresamente; es decir, no será suficiente con el silencio, de manera que tendrán que retratarse.
Entre las muchas medidas que contiene el código, destaca las que las quitas, denominadas técnicamente “reducción del nominal del crédito”. Se aplicarán en proporción a la caída de la facturación, empezando por empresas que hayan tenido un descenso del 30%. A partir de ahí, seguirán de manera escalonada mediante horquillas que está negociando el Ministerio de Asuntos Económicos con el sector financiero, según fuentes consultadas por este diario.
Quedará en manos del banco, y no del ICO, establecer el importe de la quita, tras un análisis del historial del cliente. Este asunto es de gran importancia para el sector financiero.
Como medidas precautorias, el Gobierno permitirá alargar hasta 12 años (desde los ocho actuales) el plazo para la amortización de los préstamos. Además, habrá otra espita para quitar presión: la carencia (el periodo en el que el cliente solo paga intereses y no el principal) se podrá alargar desde los dos años actuales.
Una morosidad del Estado de 10.000 millones
El Ejecutivo parte de la premisa de una recuperación económica, por lo que considera que dar más tiempo a los deudores evitará que entren en la lista de morosos. Según el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha remitido el Gobierno a Bruselas, en 2023 calcula que tendrá una pérdida en los avales por 6.000 millones y en 2024 será de 4.000 millones, que se sumarán al déficit, según adelantó El Confidencial. Estos cálculos suponen esperar una morosidad cercana al 10%. Hasta el momento, los principales bancos han declarado que la morosidad procedente de los créditos ICO es baja, incluso tanto que la mayoría de ellos no han elevado las provisiones en 2021, pese a las advertencias del supervisor.
Aunque el Gobierno pagará la mayor parte de la factura, dejó en manos de la banca la gestión de estos créditos porque la enorme disparidad de préstamos —se han firmado 1.055. 459 operaciones— hacía imposible que el ICO pilotara este asunto. Además, “más del 98% de los créditos han sido suscritos por pymes y autónomos”, lo que hace más difícil que alguien que no sea el banco conozca la situación del cliente.
También existirá un sistema de control indirecto: las entidades deberán informar al Banco de España sobre su gestión con los clientes. El ICO podrá acceder a esta información para conocer cómo se están gestionando las pérdidas en los avales.
Eso sí, el Estado y las entidades absorberán las pérdidas en la misma proporción que tenían de riesgo. Es decir, no se establecerá una primera pérdida a cargo del Estado, sino que desde el primer euro se repartirá la morosidad. Se trata de evitar un incentivo perverso por el que el banco perdonase al cliente la parte cubierta por el Estado.
Fuente: El País/ Expansión
APIEM. Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid.
