El Pleno del Congreso derogó la pasada semana el decreto preparado por el gobierno para reforzar el sistema eléctrico y evitar apagones (28 de abril), tras el no del PP, Vox y UPN, más los de los socios Podemos, BNG y Junts.
El Gobierno concluyó que el apagón se produjo por un problema multifactorial que originó una escalada de sobretensión que ni las empresas eléctricas ni el operador del sistema, Red Eléctrica pudieron controlar. A raíz de este apagón, el ministerio de Transición Ecológica con Sara Aagesen a la cabeza preparó un decreto en el que se incluía entre otros puntos, reforzar la supervisión del sector eléctrico, rebajar en un 80% los peajes a la industria electrointensiva o facilitar la conexión de nuevas instalaciones de generación y consumo.
Sin embargo, las medidas no han convencido al bloque de la izquierda por considerar que se está al servicio del oligopolio eléctrico y por el lado de la derecha porque exigen dimisiones antes de poner en marcha cualquier medida.
Para APPA renovables, la no convalidación del RDL 7/2025 aumentará los desequilibrios en el sistema eléctrico, y bloquea avances clave que eran esperados por todo el sector energético. Especialmente grave es la no adecuación de los hitos a la realidad del desarrollo de la demanda, así como la falta de impulso al almacenamiento y las renovables térmicas.
Además, para APPA, muchos de los proyectos renovables en marcha quedarán bloqueados por medidas cautelares utilizadas por grupos de presión en contra de las renovables.
Según APPA, los desequilibrios producidos en los precios por exceso de producción y falta de demanda se verán incrementados por falta de estímulo a la demanda. Sin impulsar la demanda ni el almacenamiento, ni flexibilizar la entrada de renovables a futuro, se incrementarán las horas a precios cero y negativos en el mercado mayorista de la electricidad –cuando parte de la generación renovable se desperdicia–, poniendo en riesgo la rentabilidad y continuidad de proyectos ya operativos.
Freno al almacenamiento y el autoconsumo
Para la asociación la no aprobación del decreto frenará el desarrollo del almacenamiento, especialmente el bombeo hidráulico, que afecta a los agricultores. Tampoco podrán ponerse en marcha figuras como el gestor de autoconsumo ni avanzar hacia un modelo energético participativo.
Y termina diciendo que «Esta decisión del Congreso de no convalidar la norma, frena el impulso que las renovables habían dado a nuestro sistema eléctrico y añade incertidumbre regulatoria a un sector que ya ha demostrado ser clave para la economía nacional y la lucha contra el cambio climático, reduciendo de forma efectiva las importaciones fósiles, el precio de la electricidad y las emisiones del sector eléctrico».
El sector de la industria electrointensiva, uno de los más afectados
Otro de los sectores más afectados es el que representa AEGE, la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía. El sector electrointensivo se ve privado de una normativa que rebajaba en un 80% los costes de la energía y favorecía la competitividad de este tipo de empresas en el mercado mundial, como ya os contábamos.
Esta normativa “incorporaba medidas que favorecerían la competitividad de la industria electrointensiva española en mercados internacionales, habilitando mecanismos que, si bien algunos de ellos son de carácter temporal y deberían asumirse estructuralmente, permitirían afrontar con mayor solidez laactual incertidumbre comercial y reforzarían las decisiones de inversión”.
La derogación de esta medida tendrá un impacto negativo para la competitividad de la industria. No reducir el 80% de los peajes eléctricos supondrá un incremento del 5% en la factura energética, aumentando la brecha con sus competidores europeos, principalmente de Francia y Alemania.
AFME, a favor del Real Decreto Ley “antiapagones”
AFME, junto a todas las asociaciones empresariales e industriales del sector, manifestó estar a favor de las medidas que contiene el Real Decreto Ley 7/2025 con el objetivo de aprovechar mejor la red existente, atraer más inversiones industriales, acelerar la electrificación del tejido industrial e incorporar mejor y de forma más segura las energías renovables.
El grueso de las nuevas legislaciones que se están publicando es garantizar la estabilidad de la red, con especial atención al control de la tensión, la frecuencia y la potencia reactiva. Para ello se potencian: las instalaciones y soluciones de almacenamiento, la producción eléctrica hibridada, la geotermia y aerotermia, las soluciones basadas en equipo de electrónica de potencia con control de la tensión y los sistemas de gestión de la demanda.
El gran objetivo del Real Decreto Ley 7/2025 era dar solución a las actuales ineficiencias de las redes de transporte y distribución del sistema eléctrico en España, poniendo el foco en aumentar su capacidad, flexibilidad y fiabilidad.
Se buscaba introducir y potenciar a nuevos actores, como los gestores de autoconsumo, agregadores independientes, consumidores asociados y prestadores de servicios de recarga. Además de aumentar hasta 5 km las instalaciones fotovoltaicas de consumidores asociados.
Otro de los objetivos era adecuar las redes de distribución a la creciente demanda de conexión a la red, con actualmente más de 18 GW de peticiones de acceso, para permitir: nuevas inversiones industriales limpias, la electrificación de sectores estratégicos y la reindustrialización verde motivadas por el atractivo diferencial de nuestro país en el entorno europeo, por el potencial de energía renovable abundante y con costes competitivos.
Sin olvidar un desarrollo urbanístico sostenible, para paliar, entre otros, los actuales problemas acceso a la vivienda, con actualmente más de 6 GW de peticiones de acceso. Y la implantación de las infraestructuras adecuadas para la movilidad eléctrica.
Una de las principales palancas para cumplir los objetivos es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC) es la electrificación, con un presupuesto de 52.360 millones de euros destinados a redes y un total 308.000 millones de euros, hasta 2030 para la transición energética nacional.
A pesar del freno que supone la no convalidación de este Real Decreto Ley, estas cuestiones continúan siendo una prioridad y necesidad para el sistema eléctrico nacional, por lo que desde AFME seguimos trabajando en el seguimiento e influencia para ayudar a nuestros asociados frente a las nuevas perspectivas y oportunidades.
Fuente: Energy News/AFME
