España vive una paradoja laboral tan persistente como silenciosa. El país crea empleo, pero trabaja menos horas efectivas y produce apenas lo mismo por cada una de ellas. La estabilidad se ha fortalecido, la protección social se ha ampliado y los salarios mínimos han subido con fuerza, pero la productividad sigue anclada y el absentismo se ha disparado hasta niveles históricos. En la práctica, estamos avanzando hacia un modelo en el que se trabaja menos horas, pero sin que aumente de forma clara el valor de cada hora trabajada. Y sin más productividad, es imposible sostener durante mucho tiempo mejores salarios, pensiones dignas y unos servicios públicos de calidad.
El Gráfico 1, que recoge la evolución anual de las horas no trabajadas por incapacidad temporal (IT) y la productividad por hora efectivamente trabajada entre 2008 y 2024, muestra con crudeza esta fractura. Hasta la pandemia, las bajas médicas suponían alrededor del 4,5 % de las horas potenciales de trabajo. Desde 2020, la cifra se ha disparado hasta el 8 %. En otras palabras, hoy se pierden un 50 % más de horas de trabajo que hace quince años. Ese salto en el absentismo no ha venido acompañado de un salto equivalente en productividad: se reducen las horas, pero no mejoran ni los procesos, ni la tecnología, ni la organización del trabajo al mismo ritmo.
La productividad, mientras tanto, se ha comportado como un péndulo. Durante el confinamiento se disparó artificialmente, al caer más las horas trabajadas que el valor añadido. Pero en 2021 llegó la contracción real: una caída del 8,5 %, la mayor en dos décadas. Desde entonces, la recuperación ha sido parcial, insuficiente para recuperar la tendencia previa. En términos netos, España trabaja menos y no produce más. Y sabemos qué hace falta para que esa ecuación cambie: más inversión en capital físico y tecnológico, mejor formación, empresas con mayor tamaño, instituciones que funcionen y una organización del trabajo que permita aprovechar el talento. Donde se combinan estas piezas, la productividad por hora sí aumenta; el problema es que aún es la excepción y no la norma.
El Gráfico 2, que agrupa los datos por grandes periodos, evidencia el cambio estructural. En los años de la crisis financiera (2008–2012), el absentismo se mantenía moderado y la productividad crecía. En la etapa de recuperación (2013–2017), ambas se estabilizaron. Pero a partir de 2018 se abre una brecha: las bajas aumentan, el rendimiento se estanca y la pandemia consolida la divergencia. Desde 2022 vivimos en un nuevo régimen: alta IT, baja productividad y costes laborales crecientes. Si esta dinámica se consolida, el resultado es claro: menos crecimiento potencial, más presión sobre las cuentas públicas y menos margen para mejorar los salarios reales.
Las causas son diversas. Una parte responde a la demografía (más trabajadores mayores, más bajas) y otra a la estructura sectorial: los servicios intensivos en cuidados, educación o sanidad concentran las tasas más altas de IT. Pero también hay un cambio de mentalidad. Tras la pandemia, se tolera menos el malestar y se valora más la salud emocional. Es una transformación positiva desde el punto de vista humano, pero con efectos económicos que no se pueden ignorar. A ello se suman incentivos mal diseñados: cuando la organización del trabajo es rígida, los sistemas de baja no distinguen bien entre situaciones, y la responsabilidad individual apenas se ve reconocida, es más fácil que el absentismo se dispare. Justo lo contrario de lo que necesitamos en un país donde cada hora de trabajo debería valer más, no menos.
El problema, además, es institucional. España gestiona las bajas con un sistema rígido y binario: o se está de baja o se trabaja, sin espacio para reincorporaciones parciales ni adaptaciones temporales del puesto. En otros países europeos, la empresa puede ajustar tareas, horarios o funciones para favorecer la continuidad laboral. Aquí, la dicotomía administrativa entre “activo” e “inactivo” penaliza a todos: a la empresa, por el coste, y al trabajador, por la desconexión. Una política inteligente contra el absentismo tendría que ir justo en la dirección contraria: facilitar bajas parciales, adaptar puestos, acompañar la reincorporación y premiar a las empresas y trabajadores que consiguen reducir las horas perdidas sin deteriorar la salud. Es decir, usar los incentivos para que trabajar y esforzarse vuelva a ser la mejor opción para todos.
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Este deterioro se cruza con otro más profundo, la desvinculación entre salarios y productividad. En un trabajo reciente sobre la dinámica del salario mínimo en España (realizado junto a varios colegas para el Instituto Juan de Mariana) mostramos cómo las subidas sucesivas del SMI parecen estar avocando a una “igualación por abajo”, es decir, la estructura salarial se ha comprimido, reduciendo los márgenes para premiar la productividad individual del resto de la distribución salaria, concretamente del salario más frecuente. La mejora de los salarios mínimos ha ido acompañada de un estancamiento en la eficiencia del trabajo. No se trata de cuestionar la legitimidad del aumento, sino de advertir que sin incentivos al rendimiento, la igualdad puede volverse improductiva. Si da igual el esfuerzo, si quien asume más responsabilidad o rinde más apenas ve diferencia en su nómina frente a quien rinde menos o falta más, el mensaje es demoledor: esforzarse y trabajar no renta. Y un país donde trabajar, esforzarse y tener resultados no compensa es un país que, tarde o temprano, verá cómo su productividad se estanca.
Desde otro ángulo, la salud pública y la fiscalidad son ya dos caras del mismo fenómeno. En un estudio recientemente que va a ser publicado pronto por Research in Economics, demostramos que la adopción de políticas de reducción de daños (en tabaquismo, nutrición o consumo de alcohol), apuntando a cambiar costumbres y con el uso de productos menos dañinos, podría evitar más de un millón de enfermedades crónicas y generar beneficios económicos superiores a 18.000 millones de euros anuales. Es decir: invertir en salud no solo reduce el gasto sanitario, también fortalece la base fiscal y la productividad agregada.
Ambas líneas de investigación, aunque aparentemente distintas, convergen en una misma idea y es que el bienestar sin productividad es insostenible, y la productividad sin bienestar es inviable. España necesita reconciliar ambas dimensiones, para evitar problemas económicos y sociales de breve y largo plazo. En última instancia, se trata de algo muy sencillo de enunciar y muy difícil de conseguir: que en España vuelva a ser rentable trabajar, esforzarse y mejorar, y que las reglas del juego premien a quienes crean valor, reducen el absentismo y empujan hacia una economía más productiva.
Fuente: Fernando Pinto Hernández (profesor de Economía Aplicada de la URJC)/ Santiago Sánchez López (Economista) para El Economista
