La cotización por ingresos reales empezará a aplicarse de manera gradual a partir del 1 de enero de 2022, según ha acordado la Mesa Técnica de pensiones formada por responsables del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT, pero no será efectivo hasta 2023. Para el mismo se contempla un despliegue progresivo durante un máximo de nueve años. No obstante, se quiere hacer una revisión del sistema cada tres años. En dicha revisión, tanto el Gobierno como los agentes sociales podrán solicitar que se acelere el calendario de entrada en vigor de la medida.
Se revalorizarán las pensiones
Además de la entrada en vigor del sistema de cotización por ingresos reales, se ha decidido poner en marcha un mecanismo de revalorización de las pensiones. En ese sentido, el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones teniendo en cuenta la inflación anual registrada en noviembre del ejercicio anterior. Si el IPC es negativo, no habrá cambios en las pensiones. Del mismo modo, se evaluará de manera periódica la revalorización de las pensiones. Esto se realizará cada cinco años.
Según informa el diario Cinco Días, entre los acuerdos adoptados figuran diversas medidas sobre la jubilación anticipada voluntaria. Así, los coeficientes pasarán a ser mensuales para dar más flexibilidad a los futuros pensionistas. De esta manera se podrá fomentar el desplazamiento voluntario de la edad de acceso a la jubilación. Aquellas carreras de cotización más largas tendrán un tratamiento más favorable. Se prevé también que los coeficientes sean más bajos que los actuales para incentivar pequeñas demoras a la hora de jubilarse.
En cuanto a la mejora de las pensiones por causas no imputables al trabajador, se aplicarán coeficientes de jubilación anticipada voluntaria. Esto será así en aquellos casos en los que quien se jubile anticipadamente perciba un subsidio por desempleo desde hace unos tres meses.
Por otro lado, se suprimen aspectos regresivos del sistema como la regulación para las personas que perciban ingresos superiores a la pensión máxima. Esto ocurrirá a partir de 2024 y tendrá un plazo máximo de 10 años.
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