Por primera vez, España ya tiene una ley de cambio climático. El Congreso de los Diputados aprobó definitivamente el 13 de mayo la norma por la que el país dejará de emitir gases de efecto invernadero en menos de tres décadas. Para ello dirá adiós a la venta de coches diésel y gasolina en 2040, modificará el sistema eléctrico para que sea 100% renovable y prohibirá la explotación de hidrocarburos, entre otras medidas. Esta norma, poco a poco, cambiará la forma de vivir, de producir y hasta el paisaje de España.
El objetivo fundamental es que España sea neutra en carbono en 2050. Entre medias, en 2030 deberá haber recortado al menos un 23% de sus gases de efecto invernadero respecto a 1990; y la penetración de energías renovables deberá ser de al menos el 42% en el consumo de energía; mientras que en el sistema eléctrico la generación será, por lo menos, un 74% de origen renovable. Unos objetivos que deberán ser revisados en 2023.
Son unos objetivos que cambiarán el día a día de los españoles una vez entre en vigor la ley con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Estas son algunas de las repercusiones:
Zonas de bajas emisiones en ciudad
Se evitarán caos jurídicos como el de Madrid Central y se transformará el corazón de las ciudades. Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares deberán crear zonas de bajas emisiones en los próximos tres años
Fin de coches diésel y gasolina
Fue una de las medidas más sonadas cuando la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, presentó la norma en 2018. En 2050 se espera que los españoles circulen en vehículos comerciales ligeros «sin emisiones directas de CO2». Para ello, se prevé que en 2040 dejen de venderse coches diésel, gasolina o híbridos. Según ha quedado redactado, los vehículos deberán emitir «cero gramos» de dióxido de carbono, lo que a día de hoy limitaría las opciones a los eléctricos y a los de pila de hidrógeno.
Más puntos de recarga
Ante la carestía actual, las gasolineras se verán obligadas a instalar puntos de carga eléctrica y se crea un plan progresivo que comienza con las mayores gasolineras, para instalar el servicio. Así, las primeras –las más grandes–, deberán tener al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 150 kW en un plazo de 21 meses a partir de la entrada en vigor.
También será obligatorio en edificios de nueva construcción, en intervenciones en edificios existentes y en edificios privados no residenciales con aparcamientos de más de 20 plazas.
Fin de ayudas
De manera inmediata, además, no habrá nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil, salvo que haya motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas.
Fuente: ABC
APIEM. Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid.
