APIEM ha solicitado a la Dirección General de Formación de la Comunidad de Madrid que abra una vía de inspección o control sobre aquellos centros que publicitan formaciones habilitantes o profesionales en el ámbito eléctrico sin cumplir con los requisitos mínimos de presencialidad y oficialidad. Asimismo, la asociación ha pedido a la Administración una labor de coordinación entre Consumo, Formación e Industria para vigilar que la información contractual de estos cursos sea transparente y no induzca a error.
Esta petición de APIEM viene motivada ante la llegada al centro de formación de la asociación de alumnos que acuden “rebotados tras haber sido víctimas de prácticas abusivas y presuntamente fraudulentas por parte de otras academias de la región. Estos centros captan a alumnos prometiendo la capacitación necesaria para el ejercicio profesional, pero un vistazo a la letra pequeña de sus contratos indica explícitamente que el curso carece de validez oficial. Esto supone un grave perjuicio económico y moral para el alumno, que descubre el engaño tras haber invertido su tiempo y dinero y, además, se trata de publicidad engañosa.
Además, la normativa exige una sólida carga lectiva práctica presencial. “Nos consta que determinadas academias permiten realizar la parte práctica sin un calendario definido, postergándola indefinidamente, o lo que es más grave, impartiéndola bajo la modalidad online, lo cual estécnicamente imposible y moralmente irresponsable, ya que un futuro instalador no podrá adquirir correctamente las destrezas de seguridad necesarias frente a una pantalla”, indica Desireé Fraile, directora general de APIEM.
Dichos centros omiten deliberadamente información crucial sobre las implicaciones, costes y requisitos posteriores que exige el proceso de acreditación como Instalador de Baja Tensión a través de la vía de una entidad certificadora de personas. Al no informar correctamente de todo el itinerario legal, el alumno se encuentra en un callejón sin salida al finalizar el curso.
“Queremos también destacar un aspecto especialmente sangrante ya que estas malas prácticas se ceban, en un porcentaje muy elevado, con población extranjera. Se trata de personas con un gran deseo de aprender, trabajar e integrarse, pero que a menudo cuentan con un menor conocimiento de la burocracia y la regulación española. Estos colectivos invierten sus escasos recursos en formaciones que, a posteriori, comprueban que no les sirven para nada, dejándolos en una situación de total indefensión”, explica Fraile, quien puntualiza que “la profesión de instalador es una actividad fuertemente regulada, donde una formación rigurosa no es sólo un requisito burocrático, sino una garantía imprescindible para la seguridad de las instalaciones y de las personas. La correcta capacitación de un instalador en Baja Tensión puede evitar riesgos de incendio, electrocución y fallos estructurales graves, entre otros las citadas irregularidades detectadas”.
El periódico El País también se ha hecho eco de una información relacionada con la anterior, ya que la ministra Milagros Tolón denunciara que hay títulos de Formación Profesional a distancia “que se imparten en garajes“. Esos abusos a los que espera poner coto el Gobierno han saltado también a la denuncia pública. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que almacena centenares de quejas―solo en 2024, sus últimos datos disponibles, son 322― ha presentado una denuncia ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 contra nueve centros de formación (ocho de ellos ofertan FP en línea) por malas prácticas.
Entre las principales quejas, están las que echan en falta tutorías (o piden que sean de más calidad) o el acceso a unas buenas prácticas laborales, las que denuncian una financiación abusiva o engañosa, o centradas en el incumplimiento de lo prometido en la venta, el material desactualizado u opacidad en los contratos.
Los centros denunciados son: Ceac, Cesur, Ilerna, Linkia FP, Ucademy, Doméstika (no imparte FP), Formia, MasterD y Medac Davante (estas dos últimas empresas se han unido). Tras enviar correos y llamadas a todos estos centros, el periódico El País explica que solo ha conseguido contactar con cinco. Las tarifas anuales de estos estudios oscilan entre los 3.000 y 6.000 euros. El Ministerio de Consumo, que dirige Pablo Bustinduy, evita pronunciarse sobre la denuncia a preguntas de este periódico alegando que “como norma general” no da información sobre estos procesos.
Víctor Martínez, abogado especializado en estos pleitos, explica que el negocio de la FP online ha ido a más desde la crisis económica de 2012, que forzó a muchos trabajadores a reciclarse. Junto a los centros tradicionales con títulos oficiales, se han abierto otros de dudosa calidad para, por ejemplo, aprender a hacerse rico con criptomonedas.
Entre 2018 y 2024 el alumnado de FP online se ha más que cuatriplicado: de 30.420 a 128.971. En enero, Comisiones Obreras presentó un informe en el que cargaba contra el avance del negocio privado y en especial en remoto. El sindicato considera que debía estar regulado con los mismos estándares de calidad en materia de “tutoría, evaluación, presencialidad durante el desarrollo de las prácticas y transparencia” que el presencial.
La Unión Europea cuenta con una plataforma para la resolución de conflictos en línea conocida como ODR por sus siglas en inglés. Y en esta red la OCU actúa como moderador. “A raíz del seguimiento de las reclamaciones hemos visto que muchas tienen que ver con estas academias de FP online que tienen alta demanda”, explica Enrique García, portavoz de la organización.
Grados medios y superiores
| Tabla con 6 columnas y 3 filas. Ordenado de forma ascendente | |||||
| Red escolar | Alumnos (2018-2019) | Alumnos (2024-2025) | Aumento Absoluto | Aumento Relativo (%) | |
| Centros Públicos | 56.998 | 94.329 | 37.331 37.331 37.331 | 65,49% 65,49% 65,49% | |
| Centros Privados | 30.420 | 128.971 | 98.551 98.551 98.551 | 323,97% 323,97% 323,97% | |
| TOTAL | 87.418 | 223.300 | 135.882 135.882 135.882 | 155,44% 155,44% 155,44% | |
Datos incluidos en el gráfico de arriba
Fuente: Ministerio de EducaciónTabla: EL PAÍS
El abogado Martínez coincide con el diagnóstico de la OCU. En 10 años él ha tenido trato con “cientos” de estudiantes, en unas 50 ocasiones se ha llegado a una solución extrajudicial ―la más conveniente en su opinión, por los costes de un juicio son altos― y en cinco casos se celebró el juicio. El letrado explica que muchos alumnos terminan desistiendo en su pleito porque la recompensa económica es pequeña. Lo mejor, cree, es defenderse en grupo, para ejercer más presión a la empresa. Por eso ha promovido la Comunidad de afectados por la formación online, formada por una cincuentena de miembros que interaccionan por Telegram.
García, de la OCU, incide en la publicidad engañosa: “Hay títulos que dicen propios o homologados que no son oficiales. O te aseguran que te buscan las prácticas y no lo hacen”. Carga también contra el sistema de financiación: “En la información pre-contractual de algunas academias no aparece el precio del curso completo y eso va en contra de la normativa”, prosigue.
Y añade: “Al matricularte en estas academias, además, te tienen que informar de que existe un plazo de 14 días naturales de desistimiento y hemos visto que hay problemas porque o no informan o se niegan a devolver el dinero”. Algunos centros, según la OCU, interpretan que este desistimiento se pierde cuando se entra por primera vez en el aula virtual o se cuenta con las claves de acceso. O la OCU asegura que a veces no se comunica la tasa TAE, de forma que los inscritos no saben si les compensa que les financie el crédito el centro o un banco.
Una queja muy recurrente en los foros de opiniones es la comunicación: teléfonos que nadie contesta o correos de vuelta semanas después. Y este diario lo confirma. Una operadora de matriculaciones de Cesur proporciona un correo general al que nadie contesta. En las redes españolas y en el correo de Doméstika contesta una IA que anima a abrirse un perfil de candidato. Mientras el teléfono que aparece en la página de Formia ya no corresponde a esa empresa, según la persona que descuelga. Sin noticias tampoco de Linkia FP: no hay un correo de vuelta y la operadora no ofrece otra vía para conocer su opinión.
Otros cinco centros sí que dan su versión. Ilerna asegura que el 100% de sus títulos de FP son oficiales y que informa de sus condiciones de matriculación en su web. Además, afirma que no ofrece contratos de permanencia por el ciclo completo “por lo que no hay penalizaciones de ningún tipo”.
Pablo Prieto, cofundador de Ucademy, cree que los casos de malas experiencias son mínimos y tratan de solucionarlos pronto. “Tengo claro que es una prueba y mejora constante. Por eso hemos mejorado por dos nuestro NPS (Net Promoter Score) [un indicador que mide la probabilidad de que un cliente recomiende un producto]. A los 30 días de matricularse y luego cada 60 días le preguntamos al alumno qué puntuación nos da de -100 a 100”, cuenta. “Y hemos alcanzado los 40 puntos [45 en FP] y aspiramos a llegar a los 65 en seis meses, que es el NPS de Apple, por ejemplo”. Todo su FP es oficial, asegura. Su referente de servicio al usuario es Amazon.
Davante, por su parte, no entiende la denuncia: “Mantenemos una colaboración activa y una relación fluida con la OCU, cuyos datos públicos reflejan este compromiso: tanto Medac como MasterD cuentan con la calificación de ‘muy buena’ en su plataforma de reclamaciones, con puntuaciones de 91 y 81 sobre 100, situándose en el top 3 de las empresas de formación mejor valoradas por la propia OCU”.
CEAC tampoco se reconoce en la reclamación: “Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y las buenas prácticas, y nos ponemos a la entera disposición, tanto de las autoridades competentes como de nuestros alumnos, para aclarar cualquier aspecto de nuestra gestión de manera abierta y colaborativa”.
La OCU publica en su web el litigio de Tomás Benito, del grado superior de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico. Según su relato, la comercial le ofreció una modalidad híbrida con sede en Oviedo. No hay contrato ni grabación de la conversación. “Me están cobrando cerca de 3.000 euros por un servicio que es, en la práctica, 100% online (cuyo coste de mercado no supera los 2.000 euros). Esto supone un beneficio injustificado para la empresa a costa de mi patrimonio”, se quejó.
Linkia FP responde ante la organización: “El alumno se matriculó libre y voluntariamente en un ciclo oficial perteneciente a la Comunidad de Madrid, asumiendo las condiciones específicas de dicha titulación, por lo que no existe publicidad engañosa, sino una aplicación rigurosa de la ley a su matrícula específica”.
El inscrito asegura, además, que el local de Oviedo “está vacío y sin actividad”. Linkia FP lo niega: “Los servicios presenciales se han desarrollado, están a disposición del alumno y siguen programándose. Que decida de forma unilateral no utilizar estos servicios por su disconformidad con la sede del examen en Madrid no implica que la sede no exista ni que el servicio no se esté prestando”.
Fuente: APIEM/Elisa Silió-El País
Imagen: Universidad de Málaga. La imagen no hace referencia a la noticia.
