Luis Collado, presidente del Observatorio de la morosidad de CEPYME, conversa con APIEM sobre los aspectos más destacados de la morosidad en el sector de la instalación. La entrevista se realizó a finales del mes de mayo, por lo que algunas preguntas pueden parecer desfasadas. No obstante, no hemos querido dejar de plasmarlas para mostrar la realidad que está viviendo el sector.

1.- En la última presentación del Observatorio de la Morosidad se indicó que una de las principales preocupaciones del Observatorio radica en el impacto económico derivado de la guerra en Irán, ¿podría detallar por qué y cómo puede afectar a las pymes si el conflicto no se resuelve pronto?

Las afectaciones son de diferentes tipos. Por un lado, están los problemas de suministro, que han ido llegando poco a poco, y de ello pueden dar fe muchos instaladores que ya se han visto obligados a cambiar sus presupuestos más de una vez ante la falta de material.

A esto hay que sumar la incertidumbre que vivimos como personas y también las empresas y todo ello deriva en un encarecimiento de los precios. Cabe recordar aquí que hace 20 años que no se registraba una inflación del 21% de subida en 15 días. Las instalaciones se están ejecutando con presupuestos de primeros de año y los costes de materiales se han disparado en un 14%.

Por otro lado, tenemos que destacar que los productos de material eléctrico contienen plásticos. Y estos son muy sensibles al precio del petróleo. Y no podemos olvidar el precio de los metales: el cobre registra subidas, huelgas mineras en Australia y en Chile, el precio del aluminio se dispara un 25% desde el inicio de la guerra, pues el 25% viene de Irán, etc.

En el medio plazo (aquel que comprende de uno a tres años), y teniendo en cuenta este contexto de incertidumbre y de costes, la consecuencia más directa es que los promotores frenan los proyectos, para la construcción y los grandes tenedores de suelo lo sacan al mercado muy poco a poco. Otra realidad de la morosidad es la siguiente: el promotor paga en un plazo máximo de 60 días a la constructora y esta demora el pago, a veces hasta los 240 días, además practicando una retención de garantía de obra, desde la primera certificación, dineraria, y reteniendo esa garantía al menos durante dos años desde la finalización de la obra. Estamos trabajando para que esto se sustituya por avales que, además, no consuman riesgo en la CIRBE (Central de información de riesgos del Banco de España).

2.- ¿Cuál es la realidad de la morosidad en el sector de las instalaciones eléctricas? (plazos de pago, volumen de empresas más afectadas, etc.).

El titular fácil es el siguiente: la morosidad de la constructora al instalador ha bajado, entendiendo la morosidad como el cumplimiento del pago en el plazo acordado. Pero el plazo de pago se ha alargado en algunos casos hasta los 270 días.

El reto está en que hay un vacío en la redacción de la ley, que son las figuras de pago. Me explico mejor: las grandes constructoras son las que más tarde pagan porque lo hacen por confirming y el problema del confirming es el plazo y el coste. Pero eso no es la figura mayoritaria de pago en el sector sino el pagaré. El cobro por confirming sin recurso está garantizado y el del pagaré, no. Y en este contexto, el que está asumiendo el pago es el instalador. Por lo tanto, es una virtud que se pague con confirming porque se puede recibir el dinero al día siguiente, asumiendo unas comisiones e intereses que ha negociado la constructora, en algunos casos abusivas para el instalador, y existe una garantía de cobro.

Desde el Observatorio estamos trabajando en una figura de pago que no implique que tenga que asumir el coste el instalador en la recuperación del IVA repercutido. Estamos solicitando a la Agencia Tributaria una figura en la que el instalador cobre a 60 días y, si hay un retraso, no se le cobre al que tiene que recibir el dinero: el instalador.

3.- El último informe del Observatorio confirma la tendencia descendente de la morosidad, “coherente con un escenario de crecimiento cíclico de la economía y de caída de los costes de la financiación”, pero el período medio de pago sigue superando en más de 20 días el límite legal, ¿cómo puede explicarse esta circunstancia?

Me gustaría matizar en esta pregunta que el límite legal son 60 días y el PMP (plazo medio de pago) es de 84 días. Esto es variable dependiendo de los sectores. Por ejemplo, el sector de la automoción paga muy bien; el de la Gran Distribución, lo suele hacer a 120 días. Normalmente, las grandes empresas de construcción pagan todos o casi todos a 180 días, pero lo hacen a través de confirming.

Lo que está claro es que ahora mismo hay muchos instaladores con problemas financieros, a lo que se suma que ahora los bancos son mucho más estrictos a la hora de financiar y dar crédito a las pymes.  

4.- La Comunidad de Madrid fue la comunidad con el PMP (plazo medio de pago) más elevado (90,9 días), ¿cuál cree que son los motivos de la diferencia con otras comunidades autónomas?

Esto se debe, fundamentalmente, a la dimensión y a los sectores de las empresas de la Comunidad de Madrid y al volumen: a mayor volumen, mayor plazo de pago; el sector industrial paga con plazos más cortos, las empresas de construcción y de servicios pagan en plazos más largos y en la Comunidad de Madrid la industria pesa el 8% y los servicios y la construcción, el 80 %.

5.- ¿Desde el Observatorio tienen alguna recomendación para que las pymes sufran menos la morosidad?

Mi recomendación principal es que se apoyen en sus asociaciones PROFESIONALES de referencia, que es la manera en la que éstas pueden hacer llegar sus demandas a las mesas de negociación. Que los instaladores acudan a APIEM para emitir sus quejas y demandas porque es la forma más directa de que puedan llegar a los foros de discusión adecuados.

Plan de actuación del Observatorio para los próximos meses

Luis Collado nos desgranó detalladamente cuál es el plan de actuación del Observatorio para la morosidad de Cepyme, el cual se apoya en cuatro pilares estratégicos, resumidos de manera esquemática de la siguiente forma:

1.- RETENCIÓN DE GARANTÍA DE OBRA

2.- DEVOLUCIÓN DEL IVA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA

3.- SUBCONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS

4.- ORGANISMOS INTERLOCUTORES

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