El Gobierno quiere saber qué proyectos hay detrás del aluvión de peticiones de acceso a la red eléctrica atascadas en España. Para ello necesita el apoyo de las autonomías, que conocen de primera mano qué inversores se esconden detrás del mapa en rojo de las líneas eléctricas. El Ministerio para la Transición Ecológica ya ha asumido que no va a haber capacidad para todos y que habrá que priorizar, pero quiere que sean los gobiernos regionales los que identifiquen qué inversiones conviene enchufar primero.
Andalucía, Aragón, Extremadura, Galicia, Madrid, País Vasco… casi todas las autonomías han desfilado por los pasillos del ministerio en las últimas semanas. En líneas generales, la ronda de reuniones bilaterales ha dejado con buen sabor de boca a los responsables regionales de energía. El departamento que lidera Sara Aagesen les ha informado de qué actuaciones se ejecutarán de forma inminente en la infraestructura eléctrica de sus territorios. Son trabajos decisivos para desbloquear inversiones milmillonarias para el conjunto del país.
En estos encuentros, altos cargos de Transición Ecológica también han reconocido que desde la capital no es posible identificar qué proyectos son viables ni cuáles son verdaderamente estratégicos para los intereses regionales. Por ello, desde el ministerio han encargado a los responsables autonómicos una suerte de cribado masivo de peticiones de acceso, según informan distintas fuentes presentes en estas reuniones.
Serán las CCAA las que inclinen la balanza a favor de unos inversores frente a otros, en función de qué proyectos encajan mejor con su política socioeconómica. La lista que elevarán al ministerio se tendrá en cuenta para diseñar la futura Planificación. Este documento es algo así como la Biblia del sistema eléctrico. Las inversiones en las redes que son recogidas en esa hoja de ruta deben ejecutarse. Las que son excluidas no tienen respaldo, ni legal ni financiero.
«Esta ronda de reuniones, previa a la audiencia pública de la propuesta de Planificación es la primera vez que se hace, precisamente, por el aluvión de peticiones recibidas en los últimos años, que se ha ido acelerando y para las que se ha concedido acceso; pero también por el aluvión de peticiones de cara a la Planificación a 2030. Aparte del conocimiento de los gobiernos locales sobre su territorio, la distribución es competencia suya y conviene maximizar la cooperación», explican fuentes ministeriales.
Además de convertir la Planificación en un documento de consenso, el Gobierno busca aprovechar la visión sobre el terreno de las CCAA para ver más allá de las cifras que reportan las empresas distribuidoras de electricidad (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP), que son las que gestionan las redes de media y baja tensión, donde se acumula la mayoría de peticiones de acceso y que hoy están colapsadas prácticamente al 100%. Las eléctricas, no obstante, no tienen la obligación -ni el derecho- de distinguir si una petición corresponde a un proyecto viable o es especulativa; ni si se trata de una fábrica de papel, de una estación para vehículos eléctricos o de un data center.
De hecho, el encargo del ministerio a las CCAA implica revolucionar por completo el procedimiento de acceso a la red. Históricamente, el primero en llegar era el primero en ser atendido. Este era el único criterio. Pero en Moncloa saben que las líneas eléctricas son un recurso escaso y que, al menos por el momento, urge conectar primero los proyectos que generen más valor. «Toda inversión firme es bienvenida, pero nada es gratis y es necesario ordenar», aseveran desde el Gobierno.
Choque autonómico
No todas las CCAA comparten la misma definición de lo que es un proyecto estratégico. Regiones como País Vasco o Asturias defienden que cualquier fast track debe aplicarse a proyectos industriales que impulsen el empleo y la economía local. Madrid y Aragón buscan convertirse en hubs tecnológicos gracias a los centros de datos, una estrategia que choca frontalmente con la apuesta de Moncloa y que empieza a levantar ampollas entre otras autonomías del PP. «No pueden ir por libre. Un despliegue a gran escala de centros de datos en una autonomía nos impactará al resto porque creará desequilibrios en el sistema», asegura una fuente regional.
El Gobierno aragonés no quedó satisfecho tras su visita al ministerio. «Decepcionante» e «injusta», aseguraron sobre la propuesta que les trasladó el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard,. Por contra, el número dos de Transición Ecológica destacó que la nueva capacidad prevista multiplicará por siete la punta de demanda eléctrica alcanzada en Aragón en 2024. Del total concedido, 6.000 megavatios (MW) irán a parar al sector de los centros de datos. Groizard enfatizó que no solo se trata de dar más enchufes, sino de garantizar el refuerzo de líneas y la generación que alimentará a esa nueva demanda.
A la Comunidad de Madrid le llegó el turno el viernes pasado. Carlos Novillo, consejero de Medioambiente, celebró el compromiso del ministerio para ejecutar inversiones que garantizarán «todas las posiciones eléctricas que hacían peligrar la construcción de hasta 60.000 viviendas» en el territorio. De partida, el Ejecutivo madrileño ha logrado actuaciones en 160 posiciones de la red eléctrica y en 47 subestaciones.
El doble de demanda para 2035
Fuente: El Mundo
