El pasado 2 de febrero, un incendio acababa con la vida del catedrático de Historia del Arte Enrique Valdivieso y su esposa, Carmen Martínez, mientras dormían en su domicilio de la calle Mateo Gago de Sevilla. Las principales pesquisas se centran en el sobrecalentamiento de una regleta como causa del incendio eléctrico y, por tanto, de un mal funcionamiento de un aparato eléctrico: un cargador de móvil.
Víctor Quintana, director del Centro de Formación de APIEM, alerta en una entrevista de El Periódico de Aragón del fraude de los cargadores y señala varias claves en este suceso: «la primera es la que concierne al aparato eléctrico en sí. A veces, por ahorrarnos dinero, compramos cargadores baratos en los bazares o en tiendas de comercio electrónico. Aparatos que parece que cumplen con la normativa europea, pero que en realidad no lo hacen y que suelen ser de peor calidad. Ya no se trata de que funcione mejor o peor, sino de que pueda provocar un incendio».
Al respecto, el director del Centro de Formación da una pista: «Hay que fijarse, cuando compramos, en las letras CE que llevan los aparatos homologados para poder ser comercializados en la Unión Europea. Algunos las llevan. Pero si están muy juntas, suelen ser falsas. Las letras CE tienen que estar separadas. Si no lo están, sean regletas, cargadores de móvil o cualquier otro aparato eléctrico, probablemente se trate de una falsificación que ha incorporado el fabricante para poder burlar la normativa».
«Dejas un cargador de móvil de este tipo funcionando por la noche, se sobrecalienta y provoca un incendio», resume. Incendio que, o bien, acaba quemando la casa, o bien libera una cantidad mortal de monóxido de carbono, como ha sido el caso de este matrimonio sevillano. «Digo por la noche porque probablemente coincida con que los residentes de la vivienda estén sumidos en un sueño profundo y no puedan reaccionar a tiempo», explica. «Todo ello, sumado a que estamos en invierno y las ventanas estarían cerradas, hace que el monóxido de carbono se acumule de forma más rápida y, en ocasiones, letal», continúa.
Otra de las claves del caso podría ser la instalación eléctrica del domicilio. Valdivieso y su mujer residían en una casa histórica de Sevilla: «Cuando los edificios tienen más de 50 o 60 años, probablemente tengan una instalación eléctrica antigua, con un tipo de cable rígido de nailon. Eso ya está totalmente obsoleto y prohibido y puede provocar accidentes», apunta Quintana.
Por ese motivo, «desde APIEM venimos luchando desde hace tiempo porque se establezcan controles de las instalaciones eléctricas en las viviendas, igual que sucede con las del gas. De hecho, cada vez tenemos más aparatos eléctricos en casa y hay muchos edificios que tienen instalaciones totalmente antiguas que pueden provocar este tipo de accidentes».
La asociación recomienda siempre que dichas revisiones sean realizadas por instaladores eléctricos habilitados por el organismo competente.
¿Qué sucede con estas infraestructuras domésticas? Que «el responsable de la instalación de puertas adentro es el propietario y es el que tiene que desembolsar. Renovarlas cuesta dinero y lo vamos dejando mientras funciona». Respecto a esos costes, «en Madrid ya se ha conseguido que se subvencionen, por ejemplo, sustituciones de calderas de gas. Pero con las instalaciones eléctricas no se ha conseguido, aunque la mayoría de los aparatos que tenemos en casa con eléctricos».
El Observatorio de la Rehabilitación Eléctrica de la Vivienda en España (OREVE), del que forma parte APIEM, ha elaborado un estudio en el que, entre otros aspectos, se destaca que el hecho de que solo un 22,4 % de los 26,6 millones de viviendas de España están construidas de acuerdo con el actual Reglamento Electrotécnico para la Baja Tensión, publicado en agosto de 2002, junto con una de las tasas de rehabilitación más bajas de Europa, indican que gran parte del parque residencial español tiene instalaciones eléctricas antiguas y no preparadas para los actuales usos.
En 2023, por tercer año consecutivo, creció un 6 % más el número de fallecidos, hecho que consolida la tendencia ya iniciada en 2021 y 2022 con respecto a los años precedentes. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023 se registraron 249 muertos, cifra que lo convierte en el peor año desde la primera edición del Estudio de víctimas de incendios en España y que nos retrotrae a principios de la década de los 90 del siglo pasado.
Según este informe, realizado por Fundación MAPFRE y la APTB (Asociación Profesional de Técnicos de Bombero), la mayoría de los siniestros se produjeron en viviendas habituales, seis de cada diez víctimas fueron hombres, y, como franja de edad, las personas mayores de 64 años resultaron las más vulnerables. En cuanto a periodos temporales, la mayoría de los incendios se produjeron de noche y los peores meses fueron los de más frío.
Además, una información reveladora es que la mayor parte de ellos se iniciaron en el salón de la vivienda. Este hecho, unido al dato de que las causas más probables de incendios en casi un 38 % fueron eléctricas, «nos obliga a poner pone el foco en el mal uso de aparatos o equipamientos electrónicos. Por otro lado, después de las causas eléctricas, los productores de calor están en el segundo puesto de las causas que provocaron los siniestros», indican.
Los datos del Estudio de Víctimas de Incendios 2023 vuelven a confirmar la necesidad de tomar medidas urgentes. «Entre ellas, por ejemplo, seguimos insistiendo en la necesidad de regular la obligatoriedad en la colocación de sistemas de detección de humo, al menos en las viviendas de nueva construcción», explican.
Para descarga el informe completo pinche aquí.
El Plan Madrid Rehabilita 2024, que finaliza el 14 de febrero, aglutina las ayudas del Ayuntamiento de Madrid para la rehabilitación residencial, incluye líneas novedosas de subvención como ayudas de hasta el 60 % para garantizar la seguridad del edificio en relación con la adecuación a normativa y mejora técnica de las instalaciones eléctricas, así como las de protección frente al incendio con actuaciones como la instalación de toma de tierra en aquellos edificios que no la tuvieran o colocación de detectores de humos.
Este plan de ayudas va dirigido a comunidades de propietarios, viviendas unifamiliares y cooperativas de rehabilitación y entre sus objetivos se encuentran el impulso a la rehabilitación energética y el confort de las viviendas y la conservación y rehabilitación de los edificios existentes de uso residencial.
Fuente: David López Frías/El Periódico de España/APIEM
