Los bancos están luchando por recuperar la totalidad de los préstamos otorgados a empresas y avalados por individuos, mientras que estos últimos insisten en que el Estado asuma el 80% de la deuda respaldada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Sentencias contradictorias a favor de ambas partes prometen llevar el conflicto judicial hasta el Tribunal Supremo.
En los últimos meses ha surgido una disputa legal entre empresarios y entidades financieras debido a los créditos respaldados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) durante la pandemia de Covid. Estos créditos permitieron liberar 140.000 millones de euros en financiamiento en el peor momento de la crisis, pero ahora enfrentan a la banca, que busca el reembolso total de la deuda por parte de las empresas beneficiarias y sus avalistas particulares. Mientras tanto, algunos avalistas exigen que el ICO se haga cargo del 80% de los préstamos impagados. Esta disputa ha generado sentencias a favor de ambas partes, lo que indica que la batalla legal continuará hasta que el Tribunal Supremo tome una decisión.
Hasta ahora, se han emitido dos sentencias a favor de la banca y una a favor de los avalistas particulares. La controversia se centra en que los comunicados del gobierno y la publicidad de estos créditos destacaban que el Estado cubría el 80% del riesgo crediticio. En base a esto, los empresarios que avalaron los préstamos argumentan que su responsabilidad ante el incumplimiento del beneficiario debería limitarse al 20% del préstamo. Por su parte, la banca y el ICO sostienen que el Estado proporcionó una red de seguridad adicional para cubrir el 80% de la deuda restante una vez que el banco intentara recuperar el 100% del préstamo del beneficiario y ejecutara las garantías habituales. Esto se hizo para facilitar financiamiento en condiciones favorables en un momento de gran incertidumbre debido al riesgo de quiebra tanto de la empresa como del avalista durante la pandemia.
La primera sentencia en contra de los empresarios y a favor de la banca fue emitida por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Lleida en noviembre pasado. Se trataba de dos créditos de 140.000 euros cada uno, firmados en abril y junio de 2020 y respaldados por un aval público del ICO sobre el 80% del capital principal. Los demandantes, socios y administradores de la empresa beneficiaria de los préstamos, ofrecieron una fianza personal como garantía que luego intentaron anular, alegando que firmaron el acuerdo con la convicción de que solo respondían como fiadores del 20% del capital prestado. Sin embargo, el juez determinó que las cláusulas contractuales eran claras y que los avalistas eran personas con experiencia, por lo que dio la razón al banco.
La segunda sentencia a favor de la banca, en este caso de Cajamar, fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia 42 de Madrid en términos similares. Al analizar el contrato, el juez concluyó que la redacción era clara y que los fiadores respondían de todas las obligaciones del deudor principal, cubriendo el 100% del préstamo.
Por otro lado, la primera sentencia a favor de un avalista fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia 29 de Barcelona en octubre pasado, en relación a un crédito de 258.000 euros financiado por Banco Sabadell. La jueza determinó que hubo un vicio en el consentimiento de las condiciones firmadas y limitó la responsabilidad del avalista al 20% del crédito.
Todas las sentencias han sido apeladas y representan solo el comienzo de una larga batalla legal, en la que están involucrados los avalistas de más de 34.000 pymes y autónomos que ya han incurrido en impagos de los créditos avalados por el ICO.
Fuente: Expansión
APIEM. Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid.
