Por primera vez en la historia, más del 50% de la electricidad generada el año pasado en España fue de origen renovable, un hito que le permite situarse a la cabeza en el despliegue de energía verde en Europa -junto a los países nórdicos y a Portugal-. El Gobierno pretende que este porcentaje ascienda al 80% en 2030, un objetivo que requiere el despliegue de 60.000 megavatios (MW) de nuevas renovables. Al cierre de 2023, 214 macroparques eólicos y fotovoltaicos de más de 50 MW de potencia habían obtenido ya la autorización administrativa previa y la declaración de impacto ambiental.
No obstante, esta fiebre por las renovables contrasta con un notable atasco en la tramitación: ningún otro país tiene tantos proyectos a la espera de conectarse a la red como España. Ante este bloqueo, el Gobierno decidió en diciembre extender los plazos de tramitación administrativa para estas instalaciones, ampliando en seis meses adicionales el periodo para obtener la autorización administrativa de construcción y hasta tres años más para quien solicite la extensión de la autorización de explotación definitiva.
“Se trata de una buena noticia que ha dado aire a numerosos proyectos y puede generar un mayor dinamismo en el mercado de transacciones este año”, considera Pablo Dorronsoro, socio de EY Abogados. La prórroga contribuye a minimizar el riesgo percibido por los inversores en muchos proyectos, que podían perder sus derechos de acceso y conexión a la red. Es una estabilidad que también debe instalarse en el mercado en ebullición de los contratos de suministro de luz a largo plazo (PPA), donde España se ha afianzado como referente mundial. “El PPA es una historia de éxito en España”, pone en valor Dorronsoro.
Estanislao Carvajal, socio de Incus Capital, hace hincapié en que “la ampliación de plazos ha sido fundamental para el mercado transaccional, tras un año en el que la incertidumbre amenazaba con paralizar la industria”. Por otra parte, la financiación es uno de los cuellos de botella para que esta avalancha de proyectos salga adelante. Como indica Carvajal, “cada vez hay más opciones de financiación y todas serán importantes porque hay muchas necesidades de capital, desde la financiación bancaria hasta los fondos que pueden aportar más flexibilidad”.
En paralelo, 2024 será el año de la puesta en marcha del mercado de capacidad, una herramienta que el sector considera clave para dar entrada al necesario almacenamiento de cara a la integración de las renovables con flexibilidad y seguridad de suministro. “Es un paso fundamental para dotar de certidumbre al mercado y poder integrar de manera más exitosa las tecnologías renovables”, recalca Lara Cuervo-Arango, directora de legal de BayWa en España y Portugal.
Entre estas distintas tecnologías, explica que “nos estamos centrando sobre todo en el negocio de hidrógeno y el almacenamiento, con proyectos fotovoltaicos y eólicos en hibridación”. En la misma línea, “el carácter variable de los recursos renovables convierte el almacenamiento en la clave para la transición energética”, afirma Eva Herreros, directora corporativa de Bruc Energy. Así, pone de relieve que “es necesario el desarrollo del marco regulatorio y dotar de estabilidad impositiva al sector”. En el caso de Bruc Energy, Herreros matiza que “entre nuestros activos están la hibridación y el almacenamiento”.
En los últimos años, la feroz competencia por los PPA ha dado lugar a situaciones de canibalización, donde los precios de referencia bajaban respecto a los contratos ya firmados. “En España las renovables puras son muy competitivas y no necesitan incentivos, pero hubiese sido conveniente una mejor planificación y mayor control sobre lo que se conecta a red para evitar estos problemas”, plantea Iñigo Bilbao, socio fundador y CEO de Intermoney Capital. Tras un 2023 donde “el mercado corrigió fuertemente y estuvo congelado durante meses”, después del verano “empezó a funcionar de forma racional, con expectativas razonables tanto de precios de la electricidad como de los proyectos”.
Para Jorge Velasco, head de Legal & Compliance de Axpo Iberia, “la regulación del almacenamiento es muy importante, pero en el fondo lo que más necesitamos es estabilidad regulatoria y visibilidad”. Los cambios en las reglas del juego pueden resultar mortales para los proyectos, de forma que contar con una regulación estable en el tiempo marca la diferencia. Además de percibir una mayor certidumbre en el mercado de PPA, Velasco comenta que “el biometano puede jugar un papel muy importante a corto y medio plazo y hemos apostado por esta tecnología”.
En este sentido, “estamos viendo cada vez más interés por el sector del biometano: tanto fondos internacionales como nacionales están poniendo el foco en este tipo de proyectos”, resalta Susana Gómez Badiola, socia de EY Abogados. Acerca de la evolución del mercado transaccional en el último año, Gómez Badiola señala que “los subsectores más activos en 2023 fueron la energía solar y eólica, pero también hay que destacar este apetito creciente por el biometano”.
Por último, la cuestión fiscal es uno de los principales aspectos a tener en cuenta en estos proyectos. “Los impactos fiscales son cada vez más relevantes, debido a la elevada complejidad del marco fiscal, a las continuas modificaciones legislativas y a la incertidumbre que rodea la interpretación de las normas”, advierte Silvia Alonso, socia de EY Abogados. Por ello, destaca que “el fiscalista se ha convertido en un socio y un compañero de viaje que debe estar implicado a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos”.
Fuente: Jesús de las Casas-Expansión
APIEM. Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid.
