El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 25 millones de euros para aumentar el crédito de las ayudas de concesión directa del Programa Impulsa destinadas a los autónomos en dificultades en el año 2020. Con esta nueva ampliación, el programa alcanza los 42 millones de euros -en subvenciones directas de 3.200 euros- para hacer frente a la caída de actividad provocada por la crisis del coronavirus. Se espera beneficiar a 8.000 autónomos que se sumarían a los 5.300 que ya lo han recibido.

Como requisito se ha establecido que los beneficiarios sean autónomos sin empleados a su cargo de la región que hayan visto mermada su actividad durante las últimas semanas, pero que sigan ofreciendo sus servicios. En este sentido, los solicitantes deben estar dados de alta en el RETA (Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos), mantenerse durante, al menos, 12 meses; y adjuntar una declaración que justifique la caída de ingresos provocada por el coronavirus a sus negocios.

Las ayudas del Plan Impulsa son directas, de hasta 3.200 euros, y se transfieren al beneficiario en un pago único. Esta cantidad, que se concederá por orden de solicitud, corresponde al pago de 12 mensualidades de la base mínima de cotización a la Seguridad Social, y el autónomo podrá emplearla en lo que considere necesario y urgente para mantener la actividad de su negocio.

Como consecuencia de la declaración del Estado de alarma, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó el pasado 1 de abril un gasto de 4,5 millones de euros para ampliar la dotación inicial de 500.000 euros del Programa Impulsa. El día 17 de abril se amplió en otros 12 millones la dotación de la subvención, hasta los 17 millones de euros, que ha permitido hasta el momento que más de 5.300 autónomos de la Comunidad de Madrid se hayan beneficiado de esta ayuda. Con la presente autorización se amplía el crédito del Programa en 25 millones de euros, alcanzando la cifra total de 42 millones de euros.
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Información con datos de La Moncloa y de ABC.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha consensuado con las principales asociaciones de trabajadores autónomos (ATA, UPTA y UATAE) la extensión de las ayudas a este colectivo por los efectos de la COVID-19 hasta el próximo 30 de septiembre. Al acto asistieron ayer, 25 de junio, el presidente de ATA, Lorenzo Amor; el presidente de UPTA, Eduardo Abad, y la secretaria general de UATAE, María José Landáburu.


En concreto, las medidas incluyen una prórroga de la exención de las cuotas de la Seguridad Social para los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo la prestación extraordinaria, que incluía una ayuda económica y una exención de las cuotas. Así, estos trabajadores no pagarán la cuota de julio y tendrán una exención del 50% en agosto y del 25% en septiembre.

Además, los beneficiarios de la prestación extraordinaria podrán solicitar la prestación ordinaria por cese de actividad, siempre que acrediten una reducción de la facturación del 75% del tercer trimestre de 2020 respecto al mismo periodo de un año antes, entre otros requisitos. Para ello, no necesitarán esperar a que termine el trimestre sino que pueden solicitar la prestación ordinaria cuando estimen que cumplen los requisitos y acreditarlos documentalmente una vez finalice el trimestre.

Entre las nuevas medidas también incluye una prestación extraordinaria por los trabajadores autónomos de temporada.

Más de 1,4 millones de autónomos tienen ahora concedida la prestación extraordinaria (equivalente al 70% de la base reguladora). Esta medida se aprobó en marzo pasado para proteger la falta o merma considerable de ingresos de los autónomos y autónomas en la situación excepcional provocada por la COVID-19 y contribuir a la supervivencia de su negocio.

En opinión de Lorenzo Amor, presidente de ATA, este acuerdo es "un paso fundamental e importante para la protección de los autónomos y, sobre todo, de quienes peor lo están pasando". En este sentido, el máximo responsable de la asociación mayoritaria entre este colectivo, ha destacado que se trata "de propuestas que entendíamos que había que poner en marcha" y recordado que todavía un 10% de los autónomos no hay podido iniciar su actividad o la tiene suspendida. Amor ha apuntado que este acuerdo sea el primero de otros muchos con el Gobierno.

Por su parte, desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) su presidente Eduardo Abad, ha destacado que este acuerdo es "balón de oxígeno" para este colectivo ya "que se esfuman las incertidumbres de miles de autónomos". De igual modo, ha llamado la atención sobre la situación de los autónomos de temporada que "viven de lo que producen en los meses estivales" y que se ha mostrado satisfecho con la prestación extraordinaria que se establece para estos trabajadores.
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Información de Cinco Días.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está estudiando la propuesta de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) para crear un subsidio específico para los 70.000 autónomos de temporada.


UPTA ha planteado que se establezca una prestación para estos trabajadores autónomos, que sea la misma que para los que están acogidos al cese de actividad. Esto es, que la prestación esté sujeta al 70% de la base mínima de cotización y que el control de la misma recaiga en las mutuas.


Dados de alta dos años
Según las pretensiones de UPTA, este nuevo sistema estaría diseñado para que los trabajadores autónomos fijos discontinuos o de temporada accedan a unas ayudas específicas. Para ello tendrán que demostrar que a lo largo de los dos últimos ejercicios han estado dados de alta en el sistema especial del RETA. Y que dicho alta ha sido durante al menos cuatro de los seis meses denominados de temporada, comprendidos entre los meses de abril a septiembre, en cada uno de los ejercicios.


Bonificación del RETA
A su vez han pedido una bonificación en el pago de la cuota al RETA para los trabajadores que estén tratando de recuperar la facturación prevista tras la crisis sanitaria.

Por otro lado, UPTA considera una “necesidad imperiosa” que se alargue la prestación por cese de actividad extraordinario en los sectores que más dificultades están teniendo a consecuencia de la crisis. Destacan que la prestación se alargaría en los casos “justificados” en los que los autónomos demuestren una caída de sus ingresos con respecto a los mismos meses de 2019.


Fin a la situación “injusta”
Así, el presidente de UPTA Eduardo Abad, ha manifestado que "de una vez por todas hay que acabar con la situación injusta que están padeciendo los autónomos de temporada, que ven cómo pasa el tiempo y no se adoptan las medidas necesarias para resolver el drama económico de miles de familias".

Recuerda, por tanto que muchos de estos autónomos “seguramente no podrán desarrollar su actividad en los próximos meses”, algo que ocurrirá con feriantes o vendedores ambulantes.
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Información de Cinco Días.

El Congreso pide al Gobierno a que mantenga el apoyo a los autónomos y a que se reforme el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). El Pleno del Congreso ha aprobado una proposición no de ley en la que se solicita al Gobierno central a que apoye a estos trabajadores para que puedan mantener su actividad productiva tras la crisis provocada por la Covid-19. Pero, ¿qué medidas serán exactamente las que se plantean?


La iniciativa parte del Grupo Parlamentario Republicano, aunque ha contado con los votos a favor del Grupo Socialista, ya que se ha introducido una enmienda de este grupo parlamentario.

Según han dicho, la reforma del Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos sería a fin de establecer el sistema de cotización por ingresos reales. Se trata de una propuesta que ya se ha planteado en varias ocasiones.


Seguimiento de la prestación extraordinaria
En ese sentido, según la proposición no de ley el Congreso ha pedido al Ejecutivo que haga un seguimiento de la prestación extraordinaria por cese de actividad para que valore su prórroga en función de los sectores que requieran más ayuda por la crisis sanitaria.

A su vez, la propuesta contempla el estudio de nuevos aplazamientos temporales en deudas de los autónomos con la Seguridad Social. Con un interés especial que pudiera acercarse paulatinamente al interés de demora establecido en la Ley General de la Seguridad Social.


Un plan para el empleo autónomo
Por otro lado se ha aprobado la constitución del Consejo de Trabajo Autónomo y se ha solicitado que en la mesa de diálogo social se diseñe un plan estratégico para el empleo autónomo. Dicho plan, de acuerdo a los parlamentarios, debería contemplar la digitalización de la economía, la fijación de la población en el territorio favoreciendo el autoempleo rural, así como actuaciones para colectivos especiales como los mayores de 52 o los menores de 30 años, las mujeres y las personas con discapacidad, y los autónomos con actividad estacional; y garantizar de forma efectiva la igualdad en la prestación laboral por cuenta propia.
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Información de El Confidencial.

Los hogares en los que resida el administrador de una sociedad están excluidos del ingreso mínimo vital (IMV). Así figura en el Real Decreto-ley 20/2020 publicado en el BOE. El artículo 8 del RDL excluye a estos trabajadores de la prestación, lo que significa que los autónomos societarios no podrán solicitarla.


Esta decisión ha caído como un jarro de agua fría en el colectivo, ya que en muchos casos se trata de trabajadores muy precarios que podrían cumplir los requisitos de ingresos fijados por el Gobierno para acceder a la prestación. En concreto, el BOE señala que estarán excluidas del ingreso mínimo vital “las personas beneficiarias individuales o las personas que se integren en una unidad de convivencia en la que cualquiera de sus miembros sea administrador de derecho de una sociedad mercantil”.

Esto significa que los autónomos que se constituyan a través de una sociedad mercantil, esto es, una pequeña empresa, no podrán acceder a esta ayuda. El colectivo de administradores societarios es muy amplio, y va desde directivos por cuenta ajena con un salario muy elevado a pequeños autónomos precarios. Es evidente que los primeros no podrían acceder a la prestación del ingreso mínimo vital, dado su nivel de renta. Y tampoco podrían solicitarla aquellos autónomos que tengan una pequeña empresa rentable, ya que sus ingresos serán superiores al umbral mínimo.

El problema está en los autónomos que tengan un pequeño negocio precario o cuyos rendimientos sean muy irregulares a lo largo del año. En ese caso, esta prestación podría haber supuesto una ayuda, pero no va a ser así. “El Gobierno se está dejando muchos flecos sueltos con los autónomos”, denuncia Eduardo Abad, presidente de la asociación de autónomos UPTA.

Abad alerta de que existen muchos autónomos constituidos con sociedades mercantiles que viven en una situación muy precaria. “No podemos seguir esperando ni un minuto más a que el Gobierno dé una solución, porque no es comprensible que el ingreso mínimo vital deje fuera a los societarios”, denuncia del presidente de UPTA, “hay muchos autónomos fijos discontinuos que son societarios, y estos están en una situación verdaderamente complicada”.

Con el término ‘autónomo fijo discontinuo’ crea un paralelismo con el ‘contrato fijo discontinuo’. Se trata de trabajadores de temporada, que trabajan durante un determinado periodo cada año, la mayoría vinculados a las temporadas turísticas. Durante esta campaña de verano, la actividad será muy reducida, por lo que muchos autónomos societarios no podrán incorporarse a la actividad o lo harán a medio gas.

Como no estaban de alta en la Seguridad Social antes del inicio de la pandemia, no tienen derecho a percibir la prestación del cese de actividad y ahora también se ven excluidos del ingreso mínimo vital. En el caso de los asalariados fijos discontinuos, sí tienen derecho a una ayuda extraordinaria creada por el Gobierno, pero no así los autónomos. “No tiene ningún sentido que el contratado tenga una ayuda del Estado y que el autónomo que contrata no tenga nada”, lamenta Abad.

“Son más de 30.000 autónomos ‘fijos discontinuos’ afectados por la crisis del coronavirus y están en una situación realmente dramática”, explica el presidente de UPTA. De ahí que reclame al Gobierno la creación de una prestación excepcional para este colectivo durante los meses de verano que no van a poder trabajar con normalidad. “Muchos de ellos ingresan en estos meses de verano toda la renta anual, por lo que es una tragedia que no puedan percibir ninguna ayuda”, señala Abad.

En paralelo a estas reclamaciones, las asociaciones de autónomos centran su foco de atención en la negociación para la ampliación del cese de actividad. El Ministerio de Seguridad Social ha comunicado a estas organizaciones que ampliará el cese de actividad más allá del 30 de junio, aunque no será ‘café para todos’, sino que las ayudas se repartirán por sectores en función del impacto de la crisis.

La Seguridad Social pretende que estas ayudas no sean un desincentivo a la actividad, de modo que no quiere que se prolonguen en exceso en el tiempo. Al contrario, la intención es que estas ayudas sean, al mismo tiempo, un acicate para retomar la actividad. De ahí que la retirada de ayudas tenga que diseñarse para fomentar la vuelta a la normalidad, pero sin afectar a los sectores que realmente no abren porque no pueden.

El cese de actividad está garantizado hasta el 30 de junio, ya que el RDL que lo puso en marcha establecía que se mantendrá en vigor hasta el último día del mes en que se levante el estado de alarma. Esto significa que, aunque ya no haya más prórrogas, el cese de actividad extraordinario durará todo el mes. A partir de este momento, las prórrogas adicionales se harán por sectores y está por determinar cuánto tiempo se prolongan.
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Información de Cinco Días.

El Gobierno activó, a raíz del coronavirus, una serie de apoyos para pymes y autónomos. Por ejemplo, la prestación por cese de actividad (para quienes tuvieron que cerrar sus negocios o vieron reducidos sus ingresos más de un 75% durante el estado de alarma) o la línea de avales de crédito que se han puesto en marcha a través del ICO.


Además de estas ayudas, y de algunas otras que han emanado desde las administraciones autonómicas y desde la esfera privada, los profesionales por cuenta propia que hayan sufrido un accidente de trabajo o enfermedad profesional (en general) durante los últimos meses pueden acudir a la reserva de asistencia social, que se aprobó el pasado mes de octubre en el BOE, y que tiene su base jurídica en el artículo 96.1 b del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.


¿Qué coberturas ofrece a los autónomos?
Esta ayuda tiene como objetivo cubrir situaciones sobrevenidas de especial necesidad como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, y que se complementan con las posibles prestaciones derivadas de ese accidente. La gestión de esta ayuda corre a cargo de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.

Tal y como informan los expertos de hispacotex.com, esta medida acoge ayudas para la rehabilitación y recuperación del profesional, para su reorientación profesional y adaptación a su puesto de trabajo o para la adaptación de los medios esenciales para que pueda realizar las actividades básicas de la vida diaria.

El articulado recoge también ayudas para eliminar barreras en el hogar, o para adaptar el vehículo, en caso de que el problema derivado del accidente de trabajo repercuta dicha acción. También apoyo en tareas del hogar y el acceso a tecnologías de la información, cuando haya limitaciones sensoriales o de movilidad de cierto calado, tal y como señalan los expertos de Hispacolex, en el artículo en el que analizan el impacto de la nueva norma.

Además de todo ello, existen complementos de auxilio por defunción al derechohabiente del trabajador fallecido por consecuencia de un accidente laboral o de una enfermedad profesional que se haya hecho cargo de los gastos del sepelio, una ayuda para la formación en el cuidado de personas en situación de Gran Invalidez o una ayuda para mantener la posesión y disfrute de la vivienda habitual.
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Más de 1,4 millones de autónomos cobrarán hoy la prestación extraordinaria para autónomos impulsada para hacer frente a la crisis del COVID-19. El importe previsto para este pago es de unos 1.200 millones de euros, que sumados a los desembolsados los pasados 17 y 30 de abril, suponen alrededor de 2.500 millones en prestaciones.

Esta medida fue aprobada en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, tras la declaración del estado de alarma. Su cuantía es de, como mínimo, 661 euros mensuales (el equivalente al 70% de la base reguladora) y además conlleva la exoneración de cuotas a la Seguridad Social de forma temporal. Su objetivo es proteger la falta o merma considerable de ingresos de los autónomos y autónomas en la situación excepcional provocada por la COVID-19 y contribuir a la supervivencia de su negocio.

A fecha 26 de mayo, hay 1.412.605 autónomos con esta prestación concedida, el 94,62% de los 1.492.768 trabajadores por cuenta propia que la han solicitado. Del total, el 2,13% está en trámite y únicamente el 3,24% restante han resultado denegados.


Beneficiarios
Los sectores con más beneficiarios de la prestación son Comercio (351.627), Hostelería (261.336), y Construcción (152.646). Entre estos tres sectores, superan la mitad de las solicitudes concedidas. Por otra parte, las comunidades autónomas con un mayor número de receptores son Andalucía (253.244), Cataluña (233.582), Madrid (179.425) y Comunidad Valenciana (160.636).

Autónomo tramitando la solicitud de la prestaciónPara acceder a esta prestación, el trabajador o trabajadora por cuenta propia debe estar inscrito en el régimen de la Seguridad Social correspondiente. El requisito es verse afectado por el cierre del negocio debido a la declaración del estado de alarma o haber sufrido una merma del 75% en la facturación del mes natural anterior a la fecha de la solicitud. En general, se tomará de referencia la media mensual del semestre anterior, salvo en algunos colectivos, como el régimen agrario, del mar -con actividades muy estacionales- o de la cultura y el espectáculo, en los que el periodo de cálculo se adapta a sus peculiaridades.

Para acreditar la pérdida de ingresos, el solicitante debe aportar la información contable que lo justifique. Para ello podrá presentar desde la copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas, el libro diario de ingresos y gastos, el libro registro de ventas e ingresos, hasta el libro de compras y gastos. Si no está obligado a llevar esa documentación de contabilidad, valdrá cualquier medio de prueba admitido en derecho, como el taxímetro en el caso de los taxistas.

Para solicitar esta prestación, un trámite que se debe realizar a través de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, no se requiere periodo mínimo de cotización. Además, es compatible con cualquier otra prestación de la Seguridad Social que el solicitante viniera percibiendo y fuera compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.

La Tesorería General de la Seguridad Social ya ha devuelto la parte correspondiente de la cuota de marzo de 1.028.016 autónomos y autónomas a los que se les concedió la prestación después de haber pasado la orden de cobro. El importe de la devolución asciende a 169,06 millones de euros.
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Información de El Economista.

Las Mutuas han comenzado a buscar autónomos que hayan podido cobrar de manera incorrecta la prestación por cese de actividad durante el mes de marzo. A lo largo de los últimos días, son muchos los autónomos que han recibido una carta de sus mutuas para que aporten la documentación necesaria que de-muestre una caída del 75% de la facturación durante dicho mes, tal y como exigía la normativa.


Las Mutuas tratan de averiguar ahora si algún autónomo ha recibido esta ayuda de modo irregular para poder reclamársela. No obstante, la medida parece carecer de sentido, ya que al tratarse de una única prestación, el cumplimiento de la misma en los meses posteriores permite cobrarla igualmente desde el principio del estado de alarma y el Ministerio ha insistido en que no se reclamará a aquellos autónomos que hayan vuelto al trabajo desde el pasado 4 de mayo.

Pese a estas afirmaciones, la Federación Española del Taxi asegura que un buen número de autónomos de este sector ha recibido una comunicación de Fraternidad Muprespa. Los taxistas califican en su cuenta de Twitter esta prestación como de "AyudaTrampa" y ponen en duda la normativa aprobada por el Ministerio de Inclusión. Este sector no lleva libros de contabilidad al tributar por módulos y, por lo tanto, tiene muy complicado demostrar la caída de facturación.

Por otro lado, ATA y Upta han trasladado ya al ministro de Inclusión una propuesta acordada por ambas organizaciones, solicitando la continuidad de la prestación extraordinaria por cese de actividad más allá del estado de alarma y del periodo de desescalada, como ya se ha hecho con los Ertes.

Ambas organizaciones aseguran que en la reunión interministerial que han mantenido optaron por mantener supuestos vinculados a las restricciones no voluntarias o sobrevenidas sobre la actividad, así como al criterio de descenso de los ingresos.

ATA y Upta consideran que una misma actividad dista mucho de tener la misma casuística que otra en función del territorio y el entorno en el que se desarrolla, y más allá de casos muy concretos, como los autónomos de temporada. Ambas organizaciones indican que referenciar la continuidad de la prestación a CNAES podría no dar solución a las necesidades específicas de las diferentes tipologías de negocios en los mismos.

Esta situación de hecho ya generó conflicto con varias profesiones sanitarias como fisioterapeutas, ópticos o podólogos, que Sanidad les recomendaba cerrar, pero estaban a su vez incluidos en las CNAE con obligación de permanecer abiertos y, por lo tanto, sin derecho a percibir esta ayuda en los primeros compases de esta crisis.

ATA y Upta también han optado por que la prestación extraordinaria correspondiese a periodos trimestrales, con el fin de facilitar a las Mutuas el control del cumplimiento de los requisitos en cuanto a la reducción de ingresos a través de las declaraciones trimestrales de tributos.

Esta propuesta parte de la convicción de la necesidad de mantener dicha ayuda esencial para el sostenimiento de los autónomos y sus negocios en España.
 

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Información de Cinco Días.

Los trabajadores autónomos que han tenido que solicitar el cese de actividad extraordinario por el coronavirus deben tener la precaución de guardar bien los documentos e información que hayan tenido que presentar a la mutua. Estas entidades advierten en diferentes documentos y comunicaciones que pueden solicitarle todos los documentos, para posibles revisiones.


Las mutuas revisarán las solicitudes una vez finalice el estado de alarma y podrán solicitar también de nuevo toda la información al trabajador autónomo. En caso de encontrar incoherencias, o no haber justificado convenientemente los requisitos para acceder al cese por COVID, podrían reclamar las cuantías recibidas. Así puede leerse en la documentación al respecto de Activa Mutua, que recopila datos sobre cómo acceder a esta prestación. Y también alerta de esas posibles revisiones.


Incompatibilidades en la prestación
En el caso de que el trabajador autónomo haya comenzado también a percibir otro tipo de prestación tendrá que comunicarlo a la mutua. Este paso es necesario debido a las posibles incompatibilidades que pueden existir con respecto al cese de actividad. Algunas de esas incompatibilidades ocurren en caso de estar de baja médica o de percibir prestaciones por paternidad o maternidad o al comenzar con actividades por cuenta ajena en el sector agraria.


Devolver las ayudas
En caso de estar percibiendo una ayuda de este tipo y haber solicitado el cese por actividad se deberá tramitar una renuncia parcial de las ayudas.

Por otro lado, si durante la revisión la mutua advirtiera que no se han cumplido los requisitos que se establecen para el cese de actividad, se exigirá al trabajador autónomo devolver las ayudas. No obstante, esto no está relacionado con la posibilidad de abrir el negocio en mayo o junio. Y es que la prestación por cese de actividad se recibirá mientras dure el estado de alarma.

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En el siguiente enlace, puedes conocer todas las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para autónomos. Destacamos las siguientes:


Aplazamiento bonificado en el pago impuestos

Todos los contribuyentes pueden solicitar aplazamientos y fraccionamientos de sus deudas tributarias, los cuales se conceden sin necesidad de aportar garantías y mediante un procedimiento automatizado de resolución cuando sus deudas son iguales o inferiores a 30.000 euros. Esta medida beneficia sobre todo a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos.

A esta medida ordinaria se añade otra extraordinaria con la finalidad de evitar posibles tensiones en tesorería que puedan experimentar estos colectivos.

Se propone una flexibilización en materia de aplazamientos, concediendo durante seis meses esta facilidad de pago de impuestos a pymes y autónomos, previa solicitud, con bonificación en los tipos de interés en unos términos equivalentes a una carencia de tres meses.

Más información en Agencia Tributaria, aplazamiento de deudas



Prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos

Los trabajadores autónomos afectados por la suspensión de actividades decretada por el estado de alarma o que vean reducida su facturación, al menos, un 75% en el mes anterior a la solicitud respecto a la facturación media del semestre anterior (o a igual periodo del ejercicio anterior en el caso de sectores con alta estacionalidad) podrán acceder a esta prestación económica extraordinaria a cargo de la Seguridad Social.

La cuantía la prestación será el 70% de la base reguladora y tendrá una duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día mes en el que finalice el estado de alarma.

En este periodo, el autónomo no tiene que pagar cotización a la Seguridad Social, contándosele dicho periodo como efectivamente cotizado.

Los que sean beneficiarios de la prestación por cese de actividad podrán abonar fuera de plazo y sin recargo las cotizaciones del mes de marzo correspondientes a los días previos a la declaración del estado de alarma.

Los trámites relativos a las cotizaciones de la seguridad social de aplazamientos en el pago de deudas, moratorias o devoluciones de ingresos indebidos se podrán hacer a través del Sistema RED de comunicación electrónica.

Más información en Seguridad Social.


Adaptación del pago de tributos a los ingresos reales de los autónomos

Se adaptan, de forma proporcional al periodo temporal afectado por la declaración del estado de alarma en las actividades económicas, el cálculo de los pagos fraccionados en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el ingreso a cuenta del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. Estos pagos, al estar calculados sobre signos, índices o módulos previamente determinados en situación de normalidad, conllevarían unas cuantías no ajustadas a la realidad de los ingresos actuales de los autónomos.


Reducción pago fraccionado a pagar en IRPF e IVA descontando los días de estado de alarma en el primer trimestre de 2020
Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que realicen actividades económicas por las que se desarrollan para el año 2020 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido y determinen el rendimiento neto de aquéllas por el método de estimación objetiva, para el cálculo de la cantidad a ingresar del pago fraccionado no computarán, en cada trimestre natural, como días de ejercicio de la actividad, los días naturales en los que hubiera estado declarado el estado de alarma en dicho trimestre.


Medidas de flexibilización de los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada (ERTEs) por causa de fuerza mayor

Con el objetivo de evitar que una situación coyuntural como la actual tenga un impacto negativo de carácter estructural sobre el empleo, se adoptan diversas medidas de flexibilización y agilización de los procedimientos de regulación de empleo y de mejora de la cobertura:

Se especifica que las pérdidas de actividad consecuencia del COVID-19 tendrán la consideración de fuerza mayor a los efectos de la suspensión de los contratos o la reducción de la jornada y se agiliza la tramitación de los procedimientos de regulación de empleo por fuerza mayor: se reduce de 7 a 5 días el plazo máximo de tramitación del procedimiento y la solicitud de informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pasa a ser potestativa.

Se agiliza, asimismo, la tramitación de los procedimientos de regulación de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción: se reduce de 21 a 12 días el plazo máximo de tramitación del procedimiento. Por otro lado, se incorporan modificaciones en el procedimiento de consultas con los trabajadores.

Para agilizar la tramitación de las prestaciones a las que se da derecho, la empresa podrá presentar una única solicitud por el conjunto de los trabajadores afectados, evitando así que haya que gestionar de una en una las solicitudes.

El RDL 15/2020 modifica la regulación de los ERTEs por causa de fuerza mayor para dar cabida a las actividades que hayan sido afectadas por las medidas de reducción de la movilidad, aunque no fueran actividades que hayan sido sujetas a suspensión total por parte de las autoridades.

Podrán acogerse a los ERTEs de fuerza mayor las empresas que desarrollan actividades consideradas esenciales por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo u otras normas, y las distintas Órdenes dictadas por las autoridades competentes, para aquella parte de la actividad o aquella parte de la plantilla que no esté afectada por dicho carácter esencial.

Más información en Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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