Viernes, 19 de Junio, 2020

El Gobierno acepta que los Ertes objetivos (Etop) tengan reducciones en las cotizaciones, pero no es suficiente para el acuerdo

Imagen de Europa Press publicada en El Español. Imagen de Europa Press publicada en El Español.
Información de El Economista.

El Gobierno ha aceptado que los Ertes objetivos, que irán sustituyendo a los de fuerza mayor, tengan exoneraciones a la Seguridad Social, aunque matizan que no es suficiente para cerrar con acuerdo la negociación.


El punto de desencuentro estriba en la intención del Gobierno de dar por finalizados los Ertes de fuerza mayor total, es decir, los de aquellas empresas que no han reabierto su negocio aunque sea de forma muy parcial.

La cesión del Gobierno de que los Ertes por causas objetivas, conocidos como Etop, también disfruten de exoneraciones para las empresas en las cuotas a la Seguridad Social de sus trabajadores es una de las aspiraciones tanto de empresarios como sindicatos desde el principio del confinamiento.

Actualmente, las reducciones de las cotizaciones se limitan a los Ertes de fuerza mayor, tanto los totales (todos sus trabajadores cobrando del Sepe) como los parciales (parte de la plantilla está ya trabajando y ha salido del Erte). Pero en las negociaciones ya ha quedado claro, y aceptado por las partes, que los Ertes de fuerza mayor dejarán de funcionar el 30 de septiembre, ampliando el plazo tres meses respecto al límite del 30 de junio que impera actualmente.

Por tanto, a partir del 30 de septiembre, las empresas que no hayan recuperado la total normalidad y, por tanto, hayan reincorporado a toda su plantilla, tendrán que negociar con sus trabajadores o sindicatos la presentación de un Erte objetivo, Etop. La posibilidad de que estos Ertes tengan deducciones supone un nuevo ahorro para las finanzas de las empresas.

Pero según explican los negociadores, este avance no es suficiente para que la reunión se pudiese cerrar con acuerdo. Sin embargo, el Gobierno no ceja en su intento de una norma consensuada con los agentes sociales y se ha comprometido a un nuevo acuerdo, aunque no ha dado fecha. El plazo empieza a correr, pues el 30 de junio se termina la actual legislación.
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