Martes, 6 de Agosto, 2019

APIEM se une con asociaciones del sector para pedir una reforma de la tarifa eléctrica que permita el empoderamiento del ciudadano

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Las principales asociaciones empresariales del sector fotovoltaico, de la movilidad eléctrica y de la eficiencia energética, entre las que se encuentra APIEM, así como las entidades de la sociedad civil, solicitan que la reforma de la estructura de la tarifa eléctrica prevista para los próximos meses se lleve cabo teniendo en cuenta la necesidad de empoderar a los ciudadanos para que puedan ser actores activos en la lucha contra el cambio climático. Además, la tarifa eléctrica debe alinearse con los objetivos de transición ecológica.

A este respecto, la actual estructura tarifaria de la factura eléctrica no dá las señales adecuadas, porque el peso de la parte fija en una factura media es del 40%, lo que implica que casi la mitad de la factura que paga el consumidor, se destina a sufragar los costes del sistema, independientemente del consumo de energía realizado o del esfuerzo de las personas por ahorrar, invertir en energías renovables o en otro tipo de mejoras de la eficiencia energética.

Esta situación, además, representa una anomalía con respecto a los países de nuestro entorno, donde la media del peso de la parte fija es un 22%. Un aumento del peso de la parte fija de la tarifa supondría asimismo un impacto negativo en la creación de nuevas oportunidades de empleo en los sectores de las instalaciones eléctricas y telecomunicaciones, fotovoltaico y de la movilidad eléctrica, entre otros.

APIEM , en defensa de la eficiencia para incentivar la estabilidad del sector de la instalación

Desde APIEM (Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid) se defiende también una bajada del importe fijo de la factura eléctrica para fomentar las medidas de ahorro y eficiencia energética en los hogares, lo cual repercutiría en la estabilidad y mantenimiento del empleo de su sector que actualmente, y según datos del INE para la Comunidad de Madrid, está conformado por aproximadamente 2.000 empresas con una facturación en torno a los 4.500 millones de euros y que dan trabajo a unos 32.000 profesionales. 

Los usuarios finales contratan instaladores eléctricos para realizar mejoras en sus viviendas (iluminación led, detectores de presencia, paneles solares, climatización de bajo consumo, etc.) con el objetivo de obtener un ahorro tanto energético como económico. Por lo tanto, si el usuario final, debido al elevado importe fijo de su factura no advierte una reducción significativa de la misma al implementar estas medidas, no encontrará una motivación para acometerlas, impactando negativamente en las oportunidades de negocio de las empresas del sector. 

Un alto término fijo penaliza a los consumidores que invierten en eficiencia energética

Para cumplir los objetivos de la transición energética y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero definidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), es necesaria la mejora de un 39,6% de la eficiencia energética. Según los últimos datos obtenidos por el Observatorio de Eficiencia Energética de ANESE, el ahorro en la factura energética es una de las motivaciones principales que llevan a los clientes finales a efectuar medidas de ahorro y eficiencia en sus instalaciones y hogares.
Si disminuye, en términos relativos, la parte variable de la factura, es decir la que se paga por el consumo de energía, las medidas de eficiencia energética que lleve a cabo el consumidor van a tener menor impacto, y por tanto estaremos penalizando a aquellos consumidores que ahorran e invierten en mejorar su eficiencia energética.

Un aumento del término fijo alargaría los plazos de amortización del autoconsumo

Asimismo, un aumento de la parte fija de la factura desincentivaría la instalación del autoconsumo, porque los aumentos en el término de potencia alargan los plazos de amortización de estos proyectos. En esta línea, cabe recordar que el autoconsumo es uno de los pilares de la transición ecológica, tal y como reconoce el PNIEC, que permite a los ciudadanos generar energía limpia a la vez que contribuyen activamente a la lucha contra el cambio climático, reduciendo las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Un alto término fijo es una barrera para el desarrollo de la movilidad eléctrica

Cualquier alza en el precio de la factura de electricidad afecta al vehículo eléctrico y este impacto es especialmente negativo si se aumenta el elemento fijo que se paga cada mes independientemente del uso que se haga, porque provoca aún más reticencias a la hora de cambiar desde la combustión a la electricidad.

Además, el término de potencia es el principal responsable de la falta de desarrollo de los puntos de carga rápida para el vehículo eléctrico en carretera, indispensables para viajes de distancia superior a los 250 km. Un alto término fijo genera costes adicionales para estos puntos de carga, convirtiéndose en un factor crítico para su viabilidad y en una de las barreras para el desarrollo de la movilidad eléctrica.

Los consumidores en situación de pobreza energética entre los más perjudicados

Según el último estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), de 2018, hay un 15% de la población en situación de pobreza energética escondida, un indicador que pone de relieve a una parte de las personas que, como estrategia ante su situación de vulnerabilidad, reducen al mínimo posible su consumo energético.

Para estos consumidores con un gasto reducido debido a la situación de vulnerabilidad energética en la que viven, la parte fija de la factura puede suponer una parte muy importante de su gasto en energía doméstica. Es una forma de tarificación regresiva ya que los hogares vulnerables soportan una mayor carga (en términos relativos por kWh consumido efectivo y en comparación con hogares de mayores ingresos) de la parte de costes fijos de la factura eléctrica.

Un mayor peso de la parte fija de la factura podría perjudicar a los hogares más vulnerables y, a su vez, desincentivaría toda medida de mejora de la eficiencia energética en el porcentaje de población que tiene mayor capacidad económica.




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